Conforme lo dispone la Ley de Identidad de Género, esta Resolución garantiza su implementación desde el ámbito de la defensa pública.
Tal como lo recoge un informe presentado ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Mayo de 2016, la Resolución:
“instruyó a todos los integrantes del Ministerio Público de la Defensa a observar y hacer observar las disposiciones de la Ley de Identidad de Género, Nº 26.743, en el ámbito de sus actuaciones. Esta medida se propone asegurar un trato respetuoso y acorde con la identidad de género de las personas trans (travesti, transexual, transgénero), que incluye –entre otras cosas– el derecho a que las actuaciones policiales, judiciales y penitenciarias consignen los nombres acordes a su identidad auto-percibida.”