En agosto de 2001 la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) presentó un proyecto de ley en la Legislatura porteña redactado por la jueza Graciela Medina que proponía el reconocimiento del derecho a la unión civil de personas del mismo sexo. Tenía como finalidad que el Estado reconociera y velara por los derechos y obligaciones mutuas de las personas homosexuales. A su vez, se les reconocía los mismos derechos y beneficios que la Ciudad les reconocía a los matrimonios, entre ellos: acredita la convivencia para reclamos ante la justicia, extiende la cobertura de la obra social o prepaga, acceder a créditos en conjunto, etc.
La Ley 1.004 de la Ciudad de Buenos Aires constituyó el antecedente fundamental hacia la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario.