Este decreto tiene por objeto el establecimiento del Programa de Protección Integral contra la Violencia de Género gestionado por el Ministerio de Desarrollo Social de Santa Fe.
Al respecto, un considerando del decreto retoma la conquista de derechos del colectivo LGBT para fundamentar el camino hacia la igualdad de género:
Que la declaración de igualdad de derechos para los géneros ha otorgado un contexto favorable para la formulación de herramientas que legitiman los derechos de las personas LGBTI, como son los Principios de Yogyakarta, documento que en el año 2007 aportó los estándares básicos para que los Estados garanticen las protecciones de los Derechos Humanos de las personas LGBTI, como respuesta ante las graves violaciones de los derechos humanos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transexuales o transgéneros e intersexuales, que se dan habitualmente en numerosos países;
Si bien el instrumento luego no retoma la cuestión del colectivo de diversidad sexual en su articulado, al estar en sus considerandos, puede tenerse por considerada la protección de las personas LGBTI.